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Aunque lo lógico es que se produjera una homologación o reconocimiento automático de la condición de minusválido con un grado igual o superior al 33 por ciento, a aquellas personas que estuvieran percibiendo una pensión por invalidez con cargo a la Seguridad Social (sea ésta de la naturaleza que sea), esta circunstancia no se produce. Por ello, una persona que tenga reconocida una pensión de la Seguridad Social ha de presentar la solicitud para su reconocimiento como minusválido, al igual que ocurría en el caso de que ya tuviera reconocida una minusvalía. En este último supuesto, dicho reconocimiento no implicaría, a su vez, un derecho a percibir la pensión de invalidez que le correspondiera atendiendo al grado de minusvalía que le han reconocido en el certificado correspondiente.
Es necesario que tanto el reconocimiento de la condición de minusválido como la solicitud del derecho a percibir una pensión de invalidez de la Seguridad Social se interesen en solicitudes independientes que habrán de ser presentadas y tramitadas ante los Organismos correspondientes.
 

La Pensión no Contributiva de Invalidez consiste en una prestación económica a favor de los ciudadanos en situación de invalidez y en estado de necesidad, así como asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, todo ello aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una Pensión Contributiva.

Los beneficiarios de Pensión no Contributiva (PNC) de Invalidez que inicien una actividad laboral por cuenta propia o ajena, recuperarán automáticamente el percibo de la pensión cuando cesen en la actividad, a cuyos efectos no se tendrán en cuenta en el cómputo anual de sus rentas las que hubieran percibido en virtud de su trabajo en el ejercicio en que se reponga el pago de la pensión.

Pueden ser beneficiarios de la PNC de Invalidez los ciudadanos españoles y nacionales de otros países, con residencia legal en España que cumplen los siguientes REQUISITOS:

1. Existe carencia cuando las rentas o ingresos de que se disponga, en cómputo anual para 2005, sean inferiores a 4.043,06 euros anuales.No obstante, si son inferiores a 4.043,06 euros anuales y se convive con familiares, únicamente se cumple el requisito cuando la suma de las rentas o ingresos anuales de todos los miembros de su Unidad Económica de Convivencia, sean inferiores a las cuantías que se recogen a continuación, según caso:

a. Convivencia sólo con su cónyuge y/o parientes consanguíneos de segundo grado:

  • Nº de convivientes = 2 6.873,20 euros/año
  • Nº de convivientes = 3 9.703,34 euros/año
  • Nº de convivientes = 4 12.533,48 euros/año

b. Si entre los parientes consanguíneos con los que convive se encuentra alguno de sus padres o hijos:

  • Nº de convivientes = 2 17.183,00 euros/año
  • Nº de convivientes = 3 24.258,35 euros/año
  • Nº de convivientes = 4 31.333,70 euros/año

2. Específicos de la propia Pensión no Contributiva de Invalidez.

  • Edad: Tener dieciocho o más años y menos de sesenta y cinco.
  • Residencia: Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de cinco años, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.
  • Minusvalía/Discapacidad: Grado igual o superior al 65%.

El derecho a Pensión no Contributiva de Invalidez o impide el ejercicio de aquellas actividades laborales, sean o no lucrativas, compatibles con el estado de minusvalía o discapacidad del pensionista y que no representen un cambio en su capacidad real para el trabajo.

La Pensión no contributiva de Invalidez es incompatible con la PNC de Jubilación, con las Pensiones Asistenciales (PAS) y con los Subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos y por Ayuda de Tercera Persona de la Ley de Integración social de los Minusválidos (LISMI), así como con la condición de causante de la Prestación Familiar por Hijo a Cargo Minusválido.

La regulación de las pensiones no contributivas se regula en:

  • Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que aprueba el texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE del 29 de junio).
  • Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla en materia de pensiones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas (integrada en el Real Decreto Legislativo anterior), (BOE del 21 de marzo).
  • Real Decreto 118/1998, de 30 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, en cuanto a comprobación de los requisitos para el derecho a Pensión no Contributiva del Sistema de la Seguridad social (BOE del 18 de febrero).

Para más información: dirigirse a las Comunidades Autónomas donde resida la persona interesada.

Viernes, 13 Mayo 2016 17:02

¿Qué es un Piso Asistido?

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Un piso asistido es un espacio residencial organizado por los propios usuarios, que al tiempo que comparten y disfrutan de los derechos y deberes de la convivencia en grupo, adquieren conocimientos para desarrollar más su autonomía, huyendo a la vez de la sobreprotección familiar que, en ocasiones, causa un grave perjuicio para el desarrollo personal de estas personas.

El objetivo final es aumentar la independencia y la integración social a través de la incorporación en la vida en comunidad. Mediante actividades sencillas de la vida diaria, de ocio o tiempo libre, se consigue prevenir y reducir las consecuencias que la discapacidad provoca sobre la autonomía funcional para poder aumentarla. Para tales efectos están los auxiliares del hogar, que suplen las tareas que el afectado no puede desempeñar y le proporcionan el apoyo necesario.
Por este motivo, lo importante no son las tareas que se realicen, sino que se adquiera una responsabilidad, que sí se puede asumir, y cumplirla.

Los cuatro o seis inquilinos que suelen componer estas viviendas, reciben los servicios asistenciales de un equipo de profesionales que les garantizan una cómoda convivencia a la vez que cubren las necesidades que derivan de su discapacidad.

En cuanto a las infraestructuras de la vivienda tienen que ser totalmente accesible y contar con espacios amplios.
Por otra parte, los últimos avances en materia de tecnología han elevado las posibilidades de los pisos asistidos. Esto es así gracias a la domótica, tendencia con la cual algunas tareas del hogar quedan en manos de un sistema informático. Es lo último en tecnología del hogar, y entre sus beneficios se puede nombrar el encendido y apagado de luces a través de la voz, electrodomésticos que se encienden por si mismos a horas determinadas, control automático de la temperatura de la vivienda o sensores que alertan de escapes de agua o gas, entre otras muchas.

Al igual que existen diversos tipos de construcciones, también se dan diferentes modos de financiación, pudiendo ser financiados por entes privados y por las administraciones públicas. Normalmente cuentan con el respaldo de alguna ONG para el diseño y planificación de los proyectos, y para servir de intermediarios en la financiación.

 

Viernes, 13 Mayo 2016 17:02

¿Qué es el Teletrabajo?

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 El teletrabajo es una forma flexible de organización del trabajo en la que éste se realiza, con la ayuda de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en un lugar distinto y alejado del que ocupa la organización o la persona para la que se realiza el trabajo. El teletrabajo implica, por tanto, el uso de métodos de procesamiento electrónico de la información y de algún medio de telecomunicación para el contacto con la empresa o los clientes.

 El teletrabajo abarca las actividades laborales por cuenta ajena realizadas total y parcialmente fuera de las empresas, el trabajo en casa o desde centros específicos y el trabajo móvil o nómada de aquellos trabajadores cuya actividad requiere desplazamientos permanentes, siempre que se trate de un trabajo soportado por las tecnologías de la información y las comunicaciones. Dentro del concepto de teletrabajo se incluyen también las actividades por cuenta propia realizadas para clientes distantes utilizando las telecomunicaciones. Se puede teletrabajar mediante contrato por obra o servicio, a tiempo parcial o completo, en nómina, como colaborador o en forma independiente, estos es, con las mismas modalidades de contratación que en el trabajo tradicional.

 La actual expansión del teletrabajo es el resultado de dos factores que se interrelacionan de forma dinámica: la aplicación laboral de las tecnologías de la información y la existencia de una infraestructura de telecomunicaciones razonablemente avanzada.

 

Perfil del trabajador

 

¿Qué requisitos ha de reunir una persona con discapacidad para tener éxito en el teletrabajo?

 El teletrabajador debe reunir una serie de requisitos en cuanto a capacidad física, rasgos de personalidad y requerimientos profesionales.

  • En cuanto a capacidades físicas, el teletrabajador debe ser un trabajador con algunas habilidades manuales, que pueda, por si solo o con la ayuda técnica adecuada, utilizar un teclado de ordenador, leer información de una pantalla, escribir o dictar y usar adecuadamente un teléfono.
  • En cuanto a los rasgos de su personalidad, debe ser una persona equilibrada, capaz de comprometerse, que no precise de estímulos externos para realizar el trabajo, autosuficiente para organizarse y con capacidad para superar los problemas del aislamiento que pueden derivarse del hecho de trabajar en el propio domicilio.
  • Finalmente, respecto de las capacidades profesionales, serán aquéllas que las exigencias específicas de la actividad demanden, ninguna distinta de las que serían precisas para desarrollar esta misma actividad dentro de la sede de la empresa.

 Este perfil del trabajador nos lleva a la conclusión de que la mayor parte de las personas con discapacidad pueden encajar perfectamente en las exigencias requeridas respecto de las capacidades físicas exigibles. Los rasgos de personalidad y las capacidades profesionales son, más que las capacidades físicas, las variables determinantes  para tener éxito como teletrabajador.

 

Ventajas e inconvenientes

 

 Todos los estudios sobre teletrabajo presentan largas listas de ventajas e inconvenientes pues el teletrabajo, como cualquier otro fenómeno social, es una realidad compleja.

 Entre las VENTAJAS evidentes que el teletrabajo ofrece al trabajador suelen citarse la mayor flexibilidad de horario, la mayor autonomía en la organización del propio trabajo, el ahorro de tiempo y dinero en los desplazamientos, la posibilidad de pasar más tiempo con la familia, el mejor acceso a la formación (por medio de la teleformación), con la ventaja añadida de que se aprende a través del medio con que se va a trabajar, y la oportunidad de trabajar de forma autónoma con una inversión pequeña, en comparación con otros tipos de actividades empresariales.

 Entre los INCONVENIENTES, el aislamiento social, el temor al fracaso o sobre la calidad del trabajo, debido a la ausencia de un soporte laboral inmediato y a la dificultad para efectuar consultas, la adicción al trabajo, el stress, la inseguridad respecto a su estatus social, y el peligro de que, como ocurrió con el tradicional trabajo a domicilio, la fórmula se convierta en una bolsa de subempleo, marginalidad y economía sumergida. En el caso de los teletrabajadores que trabajan en su domicilio, la difícil separación entre trabajo y vida privada o familiar puede producir conflictos, especialmente cuando los espacios disponibles en el domicilio familiar son reducidos y no existe la posibilidad de crear espacios diferenciados para el teletrabajo.

 Para contrarrestar los posibles efectos negativos hay soluciones organizativas, que van desde la realización de reuniones periódicas obligatorias hasta la constitución de asociaciones con fines informativos y lúdicos. En el caso de teletrabajadores por cuenta ajena, la alternativa que ha mostrado mayor efectividad ha sido la elaboración de una composición mixta de actividad, alternando el trabajo en el domicilio y en la oficina.

 En cualquier caso, para trabajar eficazmente desde el propio domicilio es necesario tener resueltos al menos dos problemas: uno de carácter logístico y otro de carácter organizativo. El problema logístico consiste en disponer de un mínimo de metros cuadrados para dedicar a la "oficina de teletrabajo" (el 80 por cien de los teletrabajadores europeos no tienen una habitación dedicada exclusivamente a su actividad profesional). El organizativo, en dejar bien claro que el hogar deja de ser el hogar para convertirse en el "hogar-oficina", lo que obliga a renegociar la distribución de las tareas domésticas y el tiempo que se dedica al trabajo y al resto de las actividades hogareñas.

 Como es obvio, las personas con discapacidad pueden experimentar también, como el resto de los ciudadanos, los inconvenientes que pueden derivarse de una mala organización del teletrabajo. En concreto, se ha argumentado desde diversos frentes que el teletrabajo podría contribuir a incrementar el aislamiento de las personas con discapacidad. Pero ésa parece ser una creencia errónea pues, por una parte, el teletrabajo no implica necesariamente, como ya se ha indicado, el trabajo desde el hogar, y, por otra, como señala un discapacitado que es a la vez teletrabajador, el mero hecho de poder realizar tareas laborales puede suponer un importante incremento de calidad de vida para aquellas personas que no pueden moverse de su casa, y en el caso de personas que sí pueden hacerlo el hecho de trabajar en casa no implica necesariamente que haya ausencia de contacto personal.

 La opción por el teletrabajo no tiene, pues, por qué implicar un mayor aislamiento de las personas discapacitadas, ya que el teletrabajo se podrá ver siempre compensado y complementado con reuniones y contactos de tipo personal. Por otra parte, permite a las personas con discapacidad trabajar en un entorno menos hostil y más adaptado a las necesidades de cada uno.

 

 

En España se consideran legalmente personas con discapacidad:

  • Aquellos a quienes se les haya reconocido a través del oportuno expediente administrativo un grado de minusvalía igual o superior al 33%.
  • Los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez.
  • Los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida un pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
  • 1.- Procedimiento para la declaración administrativa y calificación del grado de minusvalía.

     

    Solicitud: se inicia por la presentación de un modelo normalizado de solicitud, por el interesado o, en su caso, por su representante, dirigida al órgano autonómico competente en materia de Servicios Sociales.

    Tramitación:

    • Citación para el reconocimiento: expresando día, hora y lugar.
    • Reconocimiento: lo realizará el Equipo Técnico de Valoración compuesto por un médico, un psicólogo y un trabajador social.
    • Dictamen técnico-facultativo: que, a partir del reconocimiento y demás pruebas pertinentes, emite el Equipo Técnico de Valoración sobre la base de los Baremos incluidos en los Anexos I y II del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre.
    • Trámite de audiencia: en el que se pone de manifiesto al interesado todo el procedimiento y los documentos en él contenidos, a fin de que pueda presentar, si así lo desea, nuevas alegaciones, documentos y justificantes que estime convenientes en un plazo de entre 10 y 15 días.

    Resolución, que puede ser:

    Expresa sobre:

    • el reconocimiento y grado de minusvalía y sobre su carácter temporal o permanente;
    • puntuación relativa a la necesidad del concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida diaria o a las dificultades para el uso de los transportes públicos colectivos, si procediera (baremo del Anexo II);
    • fecha en que puede tener la revisión.

      Además la Resolución deberá expresar los Recursos que procedan contra la misma, el órgano administrativo o jurisdiccional ante el que deban presentarse y los plazos para interponerlos.

      Por silencio administrativo:la solicitud se entenderá denegada, a efecto de poder presentar el correspondiente recurso en contra, una vez trascurridos 3 meses desde la entrada de la solicitud en el Registro del órgano autonómico competente para resolver.

       

      2.- Recursos contra la Resolución administrativa y jurisdicción competente.

       

      a) Reclamación administrativa previa a la vía jurisdiccional:

      En caso de no estar conforme con la Resolución, cabe interponer (en el plazo de 30 días naturales desde su notificación o de la fecha en que se entienda desestimada por silencio administrativo).
      Recurso previo a la vía jurisdiccional social, ante el mismo órgano que dictó la resolución.
      A partir de ese momento, el órgano cuenta con 45 días para contestar expresamente mediante Acuerdo motivado. Pasado este plazo, se entiende desestimado por silencio administrativo, quedando abierta la vía jurisdiccional.

      b)  Vía Jurisdiccional (Juzgados de lo social):

      Se inicia con la presentación de una demanda en el plazo de 30 días a contar desde la notificación de Acuerdo desestimatorio del Recurso anterior o desde que se entienda denegado por silencio administrativo. La demanda habrá de acompañarse del Acuerdo desestimatorio o, de no existir, de copia del escrito de reclamación debidamente sellado con indicación de fecha.

       

      3.- Revisión del grado de minusvalía.

       

      Se pueden distinguir tres supuestos de revisión del grado de minusvalía:

      • Que se haya reconocido un grado de minusvalía con carácter temporal en atención a una posible mejoría. En este caso, en la Resolución se habrá de fijar el plazo para dicha Revisión
      • Reconocimiento del grado de minusvalía con carácter permanente. En este caso, para poder proceder a su revisión habrán de transcurrir al menos 2 años desde la anterior Resolución.
      • Cuando se acredite suficientemente error de diagnóstico o cambios sustanciales de las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento del grado. Pudiéndose instar la Revisión en cualquier momento.

      El procedimiento es similar al anteriormente descrito de declaración del grado de minusvalía con la única diferencia de que éste se puede iniciar también de oficio (por ejemplo en las de carácter temporal).

 

 

 

Viernes, 13 Mayo 2016 17:01

¿Cómo puedo Jubilarme anticipadamente?

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La Regulación de la jubilación anticipada se encuentra en el Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación, a favor de los trabajadores que acrediten un grado importante de minusvalía.

Pueden acogerse los trabajadores por cuenta ajena con un grado de minusvalía igual o superior al 65%, acreditando esa minusvalía durante el tiempo que se esté trabajando.

La acreditación se realizará con los certificados expedidos por la Administración de la condición de minusválido o por medio de cualquier otro medio de prueba que acredite la situación: informes médicos, pruebas médicas, etc.

Se establecen dos coeficientes para la reducción: si el grado de minusvalía es igual o superior al 65%, por cada cuatro años trabajados, se reduce la edad de jubilación en un año, que se computa como cotizado. Y si además se necesita la ayuda de tercera persona para la realización de actos esenciales de la vida ordinaria, por cada dos años cotizados, se reduce la edad de jubilación en un año, que se computará como cotizado.

Es imprescindible un periodo mínimo de carencia para acogerse a los beneficios de la norma que esta situado en 15 años.

La solicitud de jubilación se realiza ante la Seguridad Social, por medio de impreso normalizado disponible en sus dependencias. La resolución, si fuera denegatoria, puede ser objeto de reclamación previa en vía administrativa y de persistir una contestación negativa se puede acudir al Juzgado de lo Social, donde es precisa la intervención de abogado.

 

La Regulación se encuentra en redacción dada a la Ley de Propiedad Horizontal de 21 de julio de 1960, por la Disposición Adicional Tercera de la Ley 51/203, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Las obras de accesibilidad cuyo importe total no exceda de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes deberán ser realizadas por la comunidad de propietarios, a instancia de los propietarios en cuya vivienda habiten, trabajen o presten servicios altruistas o voluntarios personas con discapacidad o mayores de setenta años.

El resto de las obras que excedan las tres mensualidades, la comunidad quedará obligada a asumir los gastos de las obras de accesibilidad, si los acuerdos sobre su realización se adoptaran válidamente.

Y se entienden válidamente adoptados los acuerdos sobre eliminación de barreras, cuando se obtenga el voto favorable de la mayoría de los propietarios que a su vez representen la mayoría de las cuotas de participación. Y se computarán como favorables los votos de los propietarios ausentes, quienes una vez informados del acuerdo adoptado no manifiesten su oposición en el plazo de treinta días naturales.

En caso de desacuerdo con la comunidad de propietarios, el interesado puede hacer valer sus derechos con la interposición de demanda en vía civil. Es precisa la asistencia letrada.

Existe otro mecanismo, cuando no se obtengan las mayorías suficientes y es el recogido en la Ley 15/1995, de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.

La norma posibilita la realización de obras de accesibilidad para eliminar barreras arquitectónicas y de comunicación.

Los beneficiarios son las personas con discapacidad o las personas de 70 o más años de edad; tienen que ser titulares de la finca en calidad de propietarios, arrendatario, subarrendatario, usufructuario o mero usuario de la misma.

El procedimiento para los eventuales beneficiarios es el siguiente:

  • El titular del derecho comunicará de forma fehaciente al presidente de la comunidad de propietarios o mancomunidad la necesidad de ejecutar obras de la adecuación para la eliminación de barreras a causa de minusvalía.
  • Se acompañará calificación de minusvalía o DNI para acreditar la edad, proyecto técnico de la obra a realizar detallado, acreditación de empadronamiento municipal.
  • El receptor de la comunicación en el plazo máximo de sesenta días comunicará al solicitante: su consentimiento, oposición razonada o podrá proponer soluciones alternativas a las propuestas por el solicitante. En este último caso el solicitante comunicará su conformidad o disconformidad.
  • Si transcurriese el plazo mencionado sin comunicación las obras se entenderán consentidas y se podrán iniciar, una vez obtenidas la autorización municipal correspondiente. La oposición comunicada fuera del plazo no impedirá la realización de las obras.
  • Si la comunicación fuera de oposición o las medidas alternativas propuestas o fueran aceptadas por el usuario, la vía a seguir es la interposición de demanda en los Tribunales de Justicia, en el Orden Civil.
  • Por último los gastos que originen las obras correrán a cargo del solicitante de las mismas.

 

 

Las ventajas que tiene es en los impuestos que tiene que pagar por comprar el coche y por circular, te explicaremos cada una de ellas:

Impuesto de matriculación: este impuesto es de un 7% o un 12% dependiendo de la cilindrada de vehículo, las personas con discapacidad están exentas de esta impuesto si cumplen los siguientes requisitos:
a) siempre cuando son vehículos especialmente construidos para una persona discapacitada, su tara sea inferior a 300 Kg y no superen los 40 Km/hora.
b) cuando se trata de un coche ordinario, además de acreditar la minusvalía, el coche debe matricularse a nombre del minusválido y ser de su uso exclusivo, que hayan transcurrido al menos 4 años desde que compró otro coche en las mismas circunstancias y no se puede vender el coche que se compre en los 4 años siguientes a su matriculación.  

Impuesto de circulación: Las personas con discapacidad no tienen que pagar este impuesto siempre y cuando su coche adaptado tiene una potencia menor de 14 CV y su minusvalía es inferior al 65%. Si es superior es este porcentaje la exención es sobre coches que lleguen hasta los 17 CV.  

IVA: los vehículos especiales para discapacitados pagan un 4% de IVA, si es un coche normal que hay que adaptar se paga el 16% sobre el coche y el 7% sobre los elementos imprescindibles que sea necesario adaptar para que la persona discapacitada que lo compra pueda conducirlo, en arreglos o sustituciones posteriores de estos elementos se pagará el 16%.

Además de la exención de impuestos puedes informarte en tu Comunidad Autónoma sobre las ayudas individuales que se convocan cada año donde se incluyen ayudas para la compra y adaptación de vehículos, las cantidades de estos conceptos varían cada año.

 

 

 

Viernes, 13 Mayo 2016 16:59

PATRIMONIO PROTEGIDO ¿Qué es y como funciona?

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¿Qué es y como funciona el patrimonio protegido de las personas con discapacidad?

Desde 2003 las personas y las familias cuentan con una nueva herramienta para la protección económica de la  discapacidad: el patrimonio protegido. Una figura jurídica compuesta por bienes y derechos capaz de satisfacer las necesidades de quien más lo necesita. 
 
¿Qué se entiende por patrimonio protegido?
 
Es un instrumento jurídico de gran interés para personas con una grave discapacidad física o sensorial y para las personas con discapacidad intelectual. La finalidad de la Ley de Patrimonio Protegido es permitir la designación de unos bienes precisos (dinero, inmuebles, derechos, títulos, etc.) para que con ellos, y con los beneficios que se deriven de su administración, se haga frente a las necesidades vitales ordinarias y extraordinarias de la persona con discapacidad. 
 
De esta forma, los padres, sin tener que efectuar una donación (que tiene un mayor coste fiscal), ni una venta, y sin tener que esperar a trasmitir los bienes por disposición hereditaria, pueden vincular determinados bienes a la satisfacción de las necesidades vitales de la persona con discapacidad.
 
Se trata de un patrimonio de destino, es decir, una masa patrimonial afectada expresamente a la satisfacción de las necesidades vitales de la persona con discapacidad en cuyo interés se constituya. Los bienes y derechos que forman este patrimonio, que no tiene personalidad jurídica propia, se aíslan del patrimonio personal del titular-beneficiario y quedan sometidos a un régimen de administración específico. 
 
¿A quién es aplicable la ley del Patrimonio Protegido?

Personas con discapacidad intelectual igual o superior al 33 por ciento. 
Personas con discapacidad física o sensorial igual o superior al 65 por ciento.
Cuando se trata de personas con discapacidad intelectual no se requiere que ésta haya sido reconocida judicialmente. En principio basta con el certificado emitido por los Equipos de Valoración y Orientación (R.D. 1971/1999), aunque es igualmente válida una resolución judicial firme. Basta con poseer un certificado acreditativo de una discapacidad igual o superior al 33% ó 65% dependiendo del tipo de discapacidad, expedido reglamentariamente o por resolución judicial firme. 
 
¿Qué derechos reconoce la ley a la persona con discapacidad?
 
Siempre que la persona con discapacidad tenga capacidad de obrar suficiente (facultad para enjuiciar razonablemente el alcance y significado de sus actuaciones y responder por sus consecuencias), podrá decidir sobre las siguientes cuestiones:
 
Constituir o no su patrimonio protegido.

Ser el administrador del patrimonio o designar a otra persona para dicha función. 
Recibir aportaciones de terceros o negarse a ello. 
Adoptar, en previsión de una incapacitación judicial en el futuro (artículo 200 del Código Civil), cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor.
 
Siempre que tenga capacidad de obrar suficiente –aunque no sea plena–,la persona con discapacidad tendrá derecho a decidir todo lo concerniente a su persona y a su patrimonio. 
 
¿Qué derechos reconoce la ley a los padres o tutores?
 
Cuando la persona con discapacidad no tiene capacidad de obrar suficiente, corresponde a sus padres, tutores, curadores o guardadores de hecho tomar aquellas decisiones que la Ley reconoce a la persona con discapacidad:
 
Constituir el patrimonio protegido.
 
Ser administrador de dicho patrimonio o designar a un tercero para dicha función. Quien resulte administrador tendrá asimismo la representación legal referida exclusivamente a todos los actos de administración. 
Dar consentimiento para constituir el patrimonio protegido o recibir aportaciones, o negarse a ello. En este último supuesto deberá ser por causa justificada y resuelto por el juez.
 
Los padres, tutores, curadores o guardadores de hecho son quienes deben tomar la determinación de constituir el Patrimonio Protegido cuando la persona con discapacidad no tiene capacidad de obrar suficiente, según resolución judicial.
 
¿Qué papel pueden desempeñar los terceros?
 
No es infrecuente que una determinada persona tenga un estrecho vínculo afectivo con la persona con discapacidad pero carece de un vínculo legal que le permita iniciar acciones que puedan beneficiarle.
 
Como el Patrimonio Protegido es un régimen diseñado exclusivamente para beneficiar a las personas con discapacidad, la Ley permite la intervención de terceros que quieran velar por los intereses de dichas personas.
 
De este modo, cualquier persona con interés legítimo podrá solicitar de la persona con discapacidad o, en caso de que no tenga capacidad de obrar suficiente, de sus padres, tutores o curadores, la constitución de un Patrimonio Protegido, ofreciendo al mismo tiempo una aportación de bienes y derechos adecuados suficientes para ese fin.
 
Asimismo también cualquier persona con interés legítimo podrá aportar bienes o derechos al Patrimonio Protegido ya constituido. Dichas aportaciones deberán realizarse siempre a título gratuito y no podrán condicionarse en el tiempo.
 
Cualquier persona, aunque no sea uno de los padres, tutor, curador o guardador de hecho, puede solicitar la constitución de un Patrimonio Protegido, o aportar bienes o derechos al mismo.
 
¿Qué bienes pueden integrar el patrimonio protegido?
 
El patrimonio se forma mediante aportaciones iniciales y posteriores de dinero, bienes, y derechos. La ley es muy amplia en este aspecto, y, por tanto, pueden aportarse cualquier tipo de bienes que puedan generar rendimientos económicos:
 
 Dinero o depósitos en cuentas corrientes. 
Seguros, rentas vitalicias, o cualquier otro producto bancario que ofrezca una renta o unos rendimientos establecidos en su contratación. 
Fincas urbanas o rústicas. 
Usufructo sobre inmuebles, derechos de hipoteca... 
Títulos, acciones, emisiones de deuda pública, obligaciones, etc.
 
Otros bienes que pueden generar rendimientos patrimoniales, por ejemplo: obras de arte, joyas, etc.
 
La ley permite la aportación de todo tipo de bienes para la constitución del Patrimonio Protegido, adaptándose a las necesidades y situaciones particulares de cada persona.
 
¿Cómo se constituye el Patrimonio Protegido?
 
La constitución se efectúa en escritura pública ante notario por la persona o personas que la proponen. En la escritura se identifica al beneficiario, los bienes que inicialmente se aportan, y se establecen las reglas que deben aplicarse para su administración, indicando quiénes desempeñarán la administración cuando no puede ser efectuada por la propia
persona con discapacidad.
 
Si se aportan bienes inmuebles, ha de anotarse en el Registro de la Propiedad su condición de integrantes de un patrimonio protegido.
 
Si la administración del patrimonio no corresponde ni al beneficiario, ni a sus padres, tutores o curadores, la representación legal del administrador debe constar en el Registro Civil.
 
Excepcionalmente, por resolución judicial se puede constituir un patrimonio protegido, cuando el juez considera que se ha rechazado infundadamente su constitución o la afectación de nuevos bienes o derechos. La constitución del Patrimonio Protegido es un proceso sencillo que se realiza ante notario.
 
¿Quién constituye el Patrimonio Protegido?
 
Pueden constituir el Patrimonio Protegido: La propia persona con discapacidad. Los padres, tutores, curadores o guardadores de hecho y cualquier persona con interés legítimo.
 
Toda persona que tenga un interés legítimo y quiera proteger y beneficiar a una persona con discapacidad puede constituir un Patrimonio Protegido. 
 
¿Quién y cómo administra el Patrimonio Protegido?
 
Cuando el constituyente es el propio beneficiario, es decir, la persona con discapacidad, se aplican las reglas de administración que consten en el título constitutivo. De este modo, el beneficiario puede nombrar y sustituir al administrador cuantas veces quiera, y establecer y modificar a su gusto las reglas sobre la gestión de su patrimonio. Cuando el constituyente es distinto del beneficiario, las reglas de administración deben prever la autorización judicial. 
 
¿Cómo se extingue el Patrimonio Protegido?
 
El Patrimonio se extingue por el fallecimiento del beneficiario o porque éste deje de reunir la condición de persona con discapacidad. El juez puede acordar la extinción del Patrimonio Protegido cuando así convenga al interés de la persona con discapacidad.
 
La norma contempla la posibilidad de que los aportantes puedan recuperar sus bienes, o la parte proporcional de éstos no dispuesta, cuando se produzca la extinción. También los bienes pueden integrar la masa hereditaria del beneficiario del Patrimonio, cuando se produzca su fallecimiento.
 
El Patrimonio Protegido se extingue cuando el cambio de las circunstancias (extinción o disminución de la discapacidad, fallecimiento, o resolución judicial) implica que la continuación del régimen de protección no se justifica.
 
Tratamiento fiscal

Titular del Patrimonio:
 
La persona con discapacidad debe tributar por las aportaciones recibidas, dinerarias o no dinerarias, como rendimientos del trabajo, en la parte que exceda de dos veces el salario mínimo interprofesional.
 
La parte de las aportaciones que exceda de los máximos anuales (8.000 euros ó 24.250 euros, según el caso) no se considera rendimientos del trabajo y estará sujeta al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Para conservar los beneficios fiscales, los bienes aportados pueden gastarse para atender las necesidades del beneficiario, pero no transmitirse a tercero, en un plazo de cuatro años desde la aportación.
 
Aportantes y beneficios:
 
Parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, cónyuge o tutor: reducción en la base imponible del I.R.P.F. de hasta 8.000 euros anuales, o de 24.250 euros anuales si aporta un grupo de personas. Contribuyente del Impuesto de Sociedades: podrá deducirse en la cuota íntegra el 10 por ciento de lo aportado (no podrá superar 8.000 euros anuales por persona con discapacidad)
 
Otras disposiciones de la ley 
 
La Ley modifica también otras leyes para mejorar la protección patrimonial: La autotutela, que es la posibilidad que tiene una persona de adoptar las decisiones que crea oportunas en previsión de su incapacitación. No puede heredar a una persona con discapacidad quien en vida no le prestó las atenciones debidas. Los padres tienen más libertad para distribuir sus bienes favoreciendo al hijo discapacitado.
 
La persona con discapacidad tiene el derecho de continuar habitando la vivienda de sus padres cuando éstos fallezcan.

 

La actual regulación estatal se encuentra contenida en La Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, de 2 de agosto; en la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados y en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad deben ser admitidas en igualdad de condiciones y bajo el principio de igualdad de derechos y no discriminación en los procesos selectivos.

Las convocatorias deben reflejar el turno de reserva para personas con discapacidad en un porcentaje no inferior al 5 por ciento. Si las plazas reservadas no fueran cubiertas en una tasa del 3 por ciento, las plazas no cubiertas se acumulan al cupo del cinco por ciento de la convocatoria siguiente, con un límite máximo del 10 por ciento.

Se pueden solicitar la adaptación de tiempo y medios para la celebración de las pruebas, acreditando la necesidad a través de los informes expedidos por los centros bases que expiden las calificaciones de minusvalía.

Existe exención en el abono de las tasas para las personas con discapacidad en la participación de los procesos selectivos de la Administración Pública.

En caso de obtención de la plaza, las personas con discapacidad podrán solicitar la alteración del orden de prelación para la elección de las plazas, por motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otras análogas que deberán ser acreditadas. Y asimismo se puede solicitar la adaptación del puesto de trabajo que correspondan a las personas con discapacidad.

Por último, en los casos de discrepancia con cualquier actuación o resolución administrativa, ésta puede recurrirse ante el órgano convocante y agotada la vía administrativa interponer recurso contencioso administrativo ante los Tribunales de Justicia, es precisa la intervención de letrado para esta última actuación.

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